Incidencia Política
El acceso universal a los servicios y la educación sexual y reproductiva para jóvenes están contemplados en la ley guatemalteca. La Ley de Desarrollo Social de 2001 reconoce el derecho a la salud sexual y reproductiva, mientras que la Ley de Acceso Universal a la Planificación va más allá, exigiendo que la educación sexual se enseñe en todas las escuelas públicas y asegure el acceso a los servicios de planificación familiar para los jóvenes por medio del sistema de salud nacional. No obstante estas importantes garantías legales, su aplicación ha sido lenta y dispar, y el acceso a los vitales servicios de salud reproductiva siguen siendo en gran manera inconsistentes.
La mayoría de jóvenes en Guatemala no están conscientes de sus derechos legales en lo que a cuidado de la salud sexual y reproductiva se refiere y, es común que se les nieguen los servicios por las normas culturales conservadoras, la falta de recursos, o la ausencia de personal médico calificado. Estos factores contribuyen a las persistentes altas tasas de fertilidad, mayormente en áreas rurales. Como respuesta, el programa Incidencia Política de ALAS trabaja con el Ministerio de la Salud y el Ministerio de Educación en Chimaltenango para desarrollar estrategias para aplicar la Ley de Planificación Familiar 2006, capacitar a proveedores de servicios que trabajan con la juventud, educar a los jóvenes acerca de sus derechos y a dar seguimiento al progreso de la aplicación de la ley.
El proyecto se enfoca en el departamento de Chimaltenango, con la meta de desarrollar una metodología comprobada que pueda más adelante constituirse en la base de la programación nacional de ALAS u organizaciones afines. Los componentes del proyecto incluyen:
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Trabajar directamente con funcionarios del Ministerio de Salud para edificar el apoyo para la ley, capacitar a personal clave de los 16 centros de salud del área acerca de servicios de planificación familiar amigables para los jóvenes, asistir en el desarrollo de una estrategia a nivel del Departamento que cumpla con la ley y evaluar regularmente la aplicación de la estrategia;
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Trabajar con el Ministerio de Educación para incrementar la conciencia acerca de la ley, capacitar maestros y otro personal clave en las escuelas del área sobre educación sexual y crear una estrategia para su aplicación según el currículo nacional existente;
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Participar en redes de incidencia a nivel nacional, a la vez que desarrolla y evalúa herramientas para monitoreo y evaluación que pueda compartir con organizaciones afines;
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Llevar a cabo extensiones educativas para jóvenes con la intención de concienciar a este grupo etario acerca de los derechos sexuales y reproductivo y empoderar a los jóvenes para exigir que les brinden los servicios según la ley.